La incontinencia urinaria (IU) del anciano, que constituye un auténtico problema de salud pública por su frecuencia y su repercusión desde el punto de vista médico, social y económico, debe someterse a una valoración pertinente para instaurar el tratamiento más apropiado. Esta evaluación debe ser ante todo clínica, global y multidisciplinaria. La edad no es por sí sola una contraindicación para solicitar pruebas complementarias a fin de plantear un programa terapéutico coherente con objetivos realistas. El desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos debe llevar al médico a valorar de manera sistemática la continencia en los pacientes de edad avanzada.