La incontinencia urinaria (IU) del anciano no debe trivializarse. Constituye un verdadero problema de salud pública por sus costes directos (actos médicos, paramédicos y quirúrgicos) e indirectos (aislamiento social, pérdida de actividades). Lo importante es poder diferenciar la IU de una dependencia psicológica o física, de una patología orgánica o de una fragilidad, que debe detectarse tras un estudio general que puede requerir la experiencia de un geriatra. De esta diferencia dependerá la actitud terapéutica, que podrá ser similar a la de la mujer más joven en ausencia de fragilidad.