El infarto cerebral es una urgencia absoluta. Primera causa de discapacidad en el adulto, es un gran desafío de salud pública y tiene una notable repercusión en el aspecto socioeconómico. Esta afección es frecuente, grave y especialmente inestable en la fase aguda, debido al riesgo de agravamiento inherente a la evolución natural del accidente cerebrovascular (ACV) y a los tratamientos, desde luego eficaces pero potencialmente peligrosos (como la trombólisis). En la medida de lo posible, el tratamiento debe efectuarse en una unidad neurovascular. El pronóstico depende del lapso transcurrido entre el accidente y la asistencia médica, por lo que, mediante una organización eficaz, es necesario trasladar al paciente con urgencia a una unidad especializada en la que pueda disponerse de inmediato de la prueba por resonancia magnética (RM) o, al menos, de la tomografía computarizada (TC). La trombólisis, que debe efectuarse no más de 4,5 horas después de la aparición de los síntomas, es el tratamiento de referencia. Por desgracia, su realización sólo es posible en un bajo porcentaje de pacientes que consiguen ser tratados en el lapso mencionado. Esta estrecha ventana terapéutica es un gran obstáculo al uso de la trombólisis, por lo que debe ser ampliada en el tiempo, ampliación que depende básicamente de la elaboración de nuevas estrategias terapéuticas o del uso de nuevas moléculas fibrinolíticas, así como del conocimiento más preciso de la viabilidad individual de la penumbra isquémica, proporcionado por las actuales pruebas de imagen cerebrales. Esta conducta aumenta la posibilidad de efectuar la trombólisis, garantizando una mejor relación beneficio/riesgo.